• Haremos efectivo el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y acceder a los suministros básicos.

• Modificaremos la estructura departamental para que las áreas de vivienda y de ordenación del territorio estén en el mismo Departamento del Gobierno.

• Daremos mayor transparencia a todos los procesos administrativos relacionados con la vivienda. Asimismo, clarificaremos la normativa en aquellos aspectos que puedan ser objeto de interpretación.

• Mejoraremos el Plan de Vivienda actual consolidando un modelo de acceso a la vivienda mediante alquiler. Promoveremos el incremento de la oferta de vivienda a través de múltiples herramientas en diferentes líneas de actuación, entre ellas la rehabilitación de inmuebles dentro del entramado urbano, la concesión de suelo público, o la colaboración público-privada para la promoción de viviendas protegidas. Adaptaremos la legislación urbanística para facilitar un uso del suelo que satisfaga las nuevas demandas sociales, en especial de jóvenes y mayores.

• Simplificaremos la burocracia para agilizar la creación de suelo y optimizaremos el tiempo y los trámites para la construcción de viviendas sostenibles desde el punto de vista energético y ambiental, abaratando su precio. Facilitaremos también la división de grandes viviendas infraocupadas en otras más pequeñas que amplíen el parque urbano de las mismas.

• Facilitaremos la tramitación de expedientes de expropiación, cuando sea viable jurídicamente y de interés general, de los solares sin uso o en estado ruinoso en las ciudades de nuestra comunidad, por incumplimiento de la función social de la propiedad, especialmente aquellos cuyo uso cualificado sea residencial.

• Apoyaremos la rehabilitación de viviendas y promoveremos la eficiencia energética con un programa específico de sostenibilidad. Apostaremos por un modelo de edificación cumpliendo el objetivo de ‘0 emisiones’ en las instituciones y edificios públicos y promoveremos patrones de consumo responsable. Promoveremos mediante la fiscalidad el incremento de las prestaciones bioclimáticas, la eficiencia energética y la “inteligencia” de los edificios.

• Apostaremos por la I+D+i y por la formación en el ámbito de la construcción.

• Impulsaremos la creación de un clúster de la construcción para facilitar su reconversión.

• Revisaremos el censo de personas solicitantes de VPO para saber exactamente la demanda real de VPO en venta y alquiler al principio de la siguiente legislatura.

• Mejoraremos los incentivos para fomentar la bolsa pública de alquiler de vivienda. Favoreceremos la colaboración con los Ayuntamientos de nuestra comunidad y los acuerdos de cesión de viviendas con particulares y entidades privadas para aumentar el parque de vivienda protegida en alquiler asequible.

• Promoveremos que las viviendas sociales de alquiler con inquilinos con alta exclusión social no se concentren, sino que se encuentren repartidas en diferentes edificios y zonas. Para lograr este objetivo, estableceremos mecanismos de corrección en el censo único.

• Revisaremos las tablas de ingresos ponderados para acceder a la subvención por vivienda, para no penalizar a las familias con hijos y a las que tienen a cargo una persona con discapacidad superior al 65%.

• Reforzaremos el EISOVI y el acompañamiento profesional a los inquilinos de vivienda en situación de alta exclusión social, prestando especial atención a las personas con Trastorno Mental Grave.

• Pondremos en marcha programas dirigidos a evitar que, en los supuestos que exista cohabitación de familias en una misma vivienda, no se generen riesgos para las mujeres o los menores que viven en ellas.

• Modificaremos la normativa de Renta Garantizada para que, en los pisos de protección oficial en régimen de alquiler, y cuando exista riesgo de impagos, se abone directamente desde el Gobierno de Navarra y con cargo a dicha renta el alquiler y los suministros de la vivienda.

• Mejoraremos las ayudas para adaptación de vivienda de las personas con dependencia o con discapacidad para facilitar la accesibilidad y la permanencia en el domicilio, de forma que cubran a las personas con discapacidad desde el 33% en lugar de desde el 40%, cubran a las personas en situación de dependencia con movilidad reducida, y suban su cuantía en un 20%.

• Garantizaremos a todas las víctimas de violencia de género en situación de riesgo un alojamiento alternativo al domicilio habitual.

• Facilitaremos el acceso a la vivienda en el medio rural.