El Tribunal de Cuentas le reclama 2,8 millones de euros por desviar fondos públicos al ‘procès’

  • El Tribunal de Cuentas le reclama 2,8 millones de euros por desviar fondos públicos al ‘procès’  
  • Para NA+, el consejero Cigudosa debe revocarlo de forma inmediata por una cuestión de ética política y de confianza

Navarra Suma ha exigido al consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, que revoque el nombramiento de Andreu Mas-Colell como miembro del Consejo Asesor de I+D+i de Navarra por su implicación en el desvío de fondos al proceso independentista en Cataluña.

Cabe recordar que el consejero presentó el pasado 1 de junio un nuevo órgano colegiado de participación y consulta en los asuntos relacionados con la I+D+i, denominado Consejo Asesor de Navarra y compuesto por personas de los ámbitos público y privado vinculados con esta materia.

Entre las personas que Cigudosa ha incluido en el consejo se encuentra Andreu Mas-Colell.

“Ayer conocimos que el Tribunal de Cuentas ha trasladado a 41 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana una resolución que contiene un acta de liquidación provisional y que exige a Mas-Colell 2,8 millones de euros por desviar fondos para promocionar el independentismo en el exterior”, han señalado desde la coalición que integra a UPN, Cs y PP. 

Esta resolución del Tribunal de Cuentas forma parte de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de un informe del mismo Tribunal de 2019 que concluyó que las delegaciones de la Generalitat en el extranjero gastaron más de 27 millones de dinero público sin haber justificado el destino de esos fondos más allá de promocionar el ‘procès’ independentista.

“El consejero debe revocar ese nombramiento de forma inmediata, no sólo por una cuestión de ética política, que también, sino porque una persona acusada de desviar fondos públicos no genera ninguna confianza sobre su capacidad para asesorar al Gobierno de Navarra para tomar decisiones en las que haya dinero público de por medio”, han concluido.

El Tribunal de Cuentas le reclama 2,8 millones de euros por desviar fondos públicos al ‘procès’  

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