Según la información aportada por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía habría remitido al Juzgado la investigación por considerar que ha habido delito

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Navarra Suma ha preguntado al Gobierno de Navarra si conoce la investigación de un posible delito en el Servicio Navarro de Salud relacionado con el cobro de comisiones por adquisiciones de instrumental médico, dada a conocer por el Defensor del Pueblo.

Desde la coalición que integran UPN, C’s y PP, se señala que el pasado miércoles, 5 de mayo, durante la comparecencia del Defensor del Pueblo ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para exponer su informe anual correspondiente a 2020, éste expuso que habían trasladado al Ministerio Fiscal algunas quejas por revestir indicios delictivos.

Así, en relación con una de ellas, afirmó literalmente que “la fiscalía la ha remitido al Juzgado por considerar que ha habido delito. Es sobre la posibilidad de que algunos sanitarios estuvieran utilizando en colaboración con algunas empresas la utilización de determinado instrumental médico con alguna comisión. Lo hemos trasladado a la Fiscalía y la Fiscalía lo ha remitido al Juzgado”.

Ante tales circunstancias, el grupo parlamentario de Navarra Suma ha formulado una batería de preguntas al Gobierno para que ofrezca una primera explicación rigurosa de estos hechos.

En concreto, desean saber si les consta tales hechos, a qué servicio afectan y cuáles y en qué momento han sido las medidas que ha adoptado el Gobierno tras conocer la denuncia.

Asimismo, quieren saber si la persona o personas que han denunciado estos hechos son sanitarios del Servicio Navarro de Salud, si han sufrido alguna consecuencia en su desempeño laboral tras la denuncia y si el Gobierno de Navarra ha denunciado o está personado ante el Juzgado.

Por último, piden que el Gobierno explique si, nada más conocer estos hechos, se ha procedido a abrir la correspondiente investigación interna y en su caso depurar las posibles responsabilidades.

Para NA+, “tales hechos revisten una gravedad máxima y resulta incomprensible que el Gobierno de Navarra o los máximos responsables de Salud no hayan informado de estos hechos hasta el momento que cuya existencia ha sido conocida en el ámbito parlamentario mediante la comparecencia del Defensor del Pueblo”.

“Se trata de unas informaciones que, con la debida reserva, debía haber procedido a proporcionar por iniciativa propia el Gobierno de Chivite con el fin de mostrar la confianza en el buen funcionamiento de los mecanismos de control y corrección de estas posibles prácticas”, consideran.

Y concluyen que “lo sorprendente es que no haya sido así y Navarra Suma se ve en la obligación de averiguar de principio a fin cuáles han sido las decisiones adoptadas por la dirección del Departamento de Salud. Todo ello en la convicción de que estas reprochables prácticas, lejos de ser generalizadas, constituyen una lamentable excepción en el buen hacer profesional de todo en personal sanitario de SNS”.

Según la información aportada por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía habría remitido al Juzgado la investigación por considerar que ha habido delito

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